Prostitución: regular o prohibir

Hay algo terrible, denigrante y humillante en la prostitución obligada. Cuando una mujer se prostituye por voluntad y decisión propia, está haciendo un uso de su cuerpo, en pleno derecho de sus facultades. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión libre, en la que sólo ella es juez en esta causa y nadie más debe meterse. Su cuerpo le pertenece, puede usarlo como considere.

Ahora bien, hay algo horrible cuando esa decisión la toma otro sobre un cuerpo que no es suyo, sobre una vida que no le pertenece.

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Y mientras en Europa la regulación de la prostitución para luchar contra la explotación sexual y la trata de personas es un tema continuo de debate, en España preferimos mirar hacia otro lado. A parte del conocido caso de Holanda, en Alemania es legal desde 2002 y desde 2012 los derechos de las trabajadoras del sexo es idéntico al del resto de los trabajadores: pagan sus impuestos y tienen derecho a seguridad social y pensiones. Desde la Comisión Europea han amenazado con demandar al Gobierno español porque durante el pasado 2013 deberían haber adaptado las leyes a la Directiva 11/36/UE, que obliga a cambiar los códigos penales de los países miembros para que la captación, rapto, traslado, amenaza, engaño que conduzcan al abuso sobre un individuo se tipifiquen como delito. Además, se debería haber promulgado una ley con la que poder condenar hasta a diez años de prisión a quienes induzcan al tráfico de personas. Porque lo realmente preocupante no es que una persona ejerza la prostitución, si no que se vea obligada a ello por la fuerza. Que la saquen de su casa, de su entorno, de su país y la lleven a un lugar extraño donde será utilizada para perversos fines de los que se lucrará un tercero.

Sin embargo, no se ha hecho nada de esto a pesar de que los datos oficiales son un tanto escandalosos. Las cifras de personas retenidas contra su voluntad y obligadas a ejercer la prostitución produce un auténtico escalofrío. Según declaró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en septiembre del pasado 2013, en la Reunión de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en los seis primeros meses de 2013, la Policía y la Guardia Civil realizaron más de 1.200 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución, y detectaron unas 7.000 personas en situación de riesgo. La mayor parte eran jóvenes de países del este (rumanas sobre todo), sin papeles y que fueron traídas engañadas con la promesa de un trabajo digno.

Además, según un informe elaborado por Eurostat publicado por la Comisión Europea a principios del año pasado, España registró 1.605 víctimas de tráfico de personas en 2010. Este dato es el segundo más alto de los países europeos por detrás de Italia. Además, en 2012, se localizó a cerca de 12.300 mujeres que ejercían la prostitución a la fuerza, aunque la Policía consideró que esta cifra corresponde sólo aproximadamente a un tercio del número real, ya que al estar amenazadas de diversas formas no pueden denunciar y a no ser que la banda organizada que las trajo sea desarticulada, apenas sus casos trascienden.
Ahora por un momento, hagamos un ejercicio de imaginación. El paro en España es alto, la situación económica es lamentable (bueno, para eso no hace falta imaginación) y alguien ofrece una oportunidad de trabajo bien remunerado en un país al que consideramos más avanzado que el nuestro. Mucha gente aceptaría encantada. Pagaría incluso lo poco que tiene por una oportunidad. ¿Cómo se sentirá cuando llegue al destino soñado y vendan su cuerpo sin miramientos? ¿Cuando sea vendida y explotada, obligada a prostituirse durante horas y a vivir en condiciones lamentables? ¿Cuando se vea amenazada ella o su familia?

Si todas las familias que tienen hijas jóvenes pensando en emigrar de España en busca de un futuro mejor vieran este riesgo como algo real y cercano, quizás la lucha contra las bandas organizadas que sin piedad trafican con personas sería más dura. Quizás se tomaría con un problema serio y se tomarían medidas sociales y políticas. Pero mientras en España sigamos pensando que eso sólo ocurre en casos aislados y estas noticias apenas lleguen al público, seguirá ocurriendo, se seguirá traficando con vidas humanas, con mujeres desesperadas y con menores en muchos casos como si fueran objetos sin valor.

Noemí Sanz

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